Rosy Esparza
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La celebración de la Copa Mundialista 2026 es – indudablemente – una oportunidad importante para el desarrollo económico, turístico y cultural de Nuevo León; sin embargo, desde una perspectiva de prevención de la violencia de género, también es indispensable reconocer los riesgos que los eventos masivos implican para las mujeres, niñas, niños y adolescentes, particularmente cuando no existen medidas integrales de protección y el estado solo se limita a realizar pláticas de prevención.
La experiencia internacional demuestra que los grandes eventos deportivos suelen provocar un incremento significativo en la movilidad de las personas, la concentración de visitantes y el consumo de sustancias y alcohol, factores que pueden incidir en el incremento de situaciones de riesgo – violencia, explotación y vulneración de derechos. Entre los principales riesgos se encuentran el aumento de la violencia sexual y de género en espacios públicos, transporte, zonas de entretenimiento y zonas aledañas a los espacios sedes de la justa mundialista. Las mujeres, niñas, niños y adolescentes pueden enfrentar mayores riesgos de acoso sexual, hostigamiento, agresiones físicas y otras formas de violencia.
Estos eventos de gran escala pueden – incluso – facilitar redes de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, los riesgos se incrementan si las potenciales victimas se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.
Riesgos adicionales latentes a los que se debe prestar atención se encuentran relacionados a situaciones de desaparición, extravío, explotación laboral, mendicidad forzada y violencia digital.
Cuidemos la información que compartimos en redes sociales, la amplia difusión de imágenes y contenidos durante el Mundial incrementa los riesgos relacionados con la exposición de datos personales, recordemos que el ciberacoso, el contacto latente con potenciales agresores y la explotación sexual en línea, son temas de amplia vigencia.
Otro aspecto preocupante es la posible saturación de los servicios públicos de seguridad, salud y protección social. Cuando las instituciones concentran recursos en la atención logística del evento, pueden generarse dificultades para atender denuncias de violencia familiar, abuso sexual o desaparición de personas con la rapidez y especialización requeridas.
Frente a este escenario, las autoridades de los tres niveles de gobierno, la FIFA, el sector privado y la sociedad civil tienen la responsabilidad compartida de implementar protocolos de prevención, atención y protección con enfoque de derechos humanos, género e infancia. Esto incluye campañas de información, capacitación de personal, fortalecimiento de mecanismos de denuncia, espacios seguros para mujeres y menores de edad, así como sistemas efectivos de búsqueda y protección.
El éxito del Mundial 2026 no debe medirse únicamente por la afluencia turística o los beneficios económicos. También debe evaluarse por la capacidad de garantizar que mujeres, niñas, niños y adolescentes disfruten del evento en condiciones de seguridad, dignidad e igualdad, con pleno respeto a sus derechos humanos.
